El atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado por un menor de edad en Bogotá el 7 de junio de 2025, ha evidenciado la persistencia de la violencia política y la vulnerabilidad de los líderes sociales en Colombia (El Espectador, 2025; Semana, 2025). El incidente, ocurrido durante un evento de campaña en el parque El Golfito, barrio Modelia, localidad de Fontibón, ha sido condenado por autoridades nacionales, la sociedad civil y organismos internacionales.
El ataque con arma de fuego refleja el persistente reclutamiento de jóvenes por parte de organizaciones criminales y el riesgo de instrumentalización de menores en contextos criminales (Defensoría del Pueblo, 2024). La polarización política en Colombia, marcada por la confrontación entre sectores de derecha e izquierda, ha sido objeto de análisis y preocupación por parte de organismos defensores de derechos humanos y centros de pensamiento (Fundación Ideas para la Paz, 2024; Humanidad Vigente, 2023). La retórica de confrontación, especialmente desde sectores de izquierda, ha sido identificada como un factor que agudiza la polarización y deteriora la convivencia democrática (Fundación Ideas para la Paz, 2024).
Contexto y Hechos del Atentado
El 7 de junio de 2025, el senador Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado durante un evento de campaña en el parque El Golfito, barrio Modelia, localidad de Fontibón, Bogotá. Un menor de edad, presuntamente de 15 años, le disparó al menos dos veces, una de ellas en la cabeza, dejándolo gravemente herido. El senador fue trasladado de urgencia a la Clínica Medicentro y luego a la Fundación Santa Fe, donde permaneció en estado crítico. El presunto agresor fue capturado en el lugar, herido en la pierna tras un intercambio de disparos con la escolta (Semana, 2025; El Tiempo, 2025).
Responsabilidad Penal y Proceso para Menores en Casos de Atentado
El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), establecido en la Ley 1098 de 2006, rige la actuación de la justicia frente a menores infractores. Los menores de 14 años no son penalmente responsables; en estos casos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) aplica medidas de protección. Para los adolescentes entre 14 y 18 años, el SRPA prioriza la protección integral, la justicia restaurativa y la reinserción social (ICBF, 2023). Las sanciones pueden incluir internamiento en centros especializados, con una duración máxima de hasta 8 años para delitos graves como el atentado, aunque la sanción suele ser menor que para el homicidio consumado (Tribunal Superior de Medellín, 2023). También se contemplan medidas no privativas de la libertad, como libertad asistida, servicio comunitario o amonestación, en casos menos graves. Los padres o representantes legales pueden beber responsables civilmente de indemnizar a la víctima (Ley 1098 de 2006; ICBF, 2023).
Existe un creciente consenso entre autoridades y expertos sobre la necesidad de endurecer las penas para los menores que cometan delitos graves, como el atentado contra la vida, con el fin de enviar un mensaje claro de intolerancia frente a la violencia y desincentivar la instrumentalización de adolescentes por parte de organizaciones criminales (Tribunal Superior de Medellín, 2023).
Factores de Riesgo y Críticas al Sistema
El reclutamiento de menores por organizaciones criminales es un fenómeno recurrente en Colombia, especialmente en zonas marginadas donde la vulnerabilidad socioeconómica y la falta de oportunidades facilitan la captación de jóvenes (Defensoría del Pueblo, 2024). El sistema penal juvenil, al priorizar la rehabilitación, ha sido criticado por generar percepciones de impunidad, lo que facilita el reclutamiento por parte de bandas criminales (Humanidad Vigente, 2023). La ausencia de acceso a educación, empleo y actividades recreativas incrementa el riesgo de que los menores sean captados por redes delictivas. Además, la falta de programas efectivos de reinserción social y la presión de las redes criminales llevan a muchos menores a reincidir en actividades delictivas (Defensoría del Pueblo, 2024).
Falla de Seguridad en el Sistema de Escoltas
El atentado evidenció fallas críticas en el sistema de escoltas y los protocolos de seguridad. Según reportes oficiales y medios de comunicación, al senador le correspondían tres escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y al menos seis integrantes de la DIPRO de la Policía Nacional. Sin embargo, el día del atentado solo estaban presentes dos escoltas de la UNP y varios miembros de la DIPRO no se encontraban en servicio, dejando al senador con menos protección de la prevista (Semana, 2025; El Tiempo, 2025).
El menor agresor se movió con facilidad entre los asistentes y logró acercarse al senador por la espalda, aprovechando un vacío en la cobertura de seguridad. Las imágenes de cámaras y videos de testigos muestran que el ataque se produjo en un momento en que la escolta no estaba cubriendo todos los flancos del senador. Aunque el equipo de seguridad reaccionó tras los disparos, la persecución del agresor fue inicialmente sostenida por civiles y solo después se sumaron agentes de la Policía y la escolta (Semana, 2025).
El presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa ordenaron a una investigación exhaustiva sobre la actuación de la escolta y los protocolos de seguridad, reconociendo que la protección no fue suficiente y que existió una falla previa en la seguridad del senador (El Tiempo, 2025).
Cambios y Estrategias Necesarias para Prevenir el Reclutamiento y la Instrumentalización de Menores
Para prevenir la instrumentalización de menores en la violencia política, se requieren reformas legales y estrategias integrales. Es fundamental tipificar el reclutamiento de menores como delito autónomo y aumentar las penas para adultos involucrados (Defensoría del Pueblo, 2024; Senado de la República, 2025). El Congreso colombiano ha avanzado en proyectos de ley que buscan endurecer significativamente las penas de prisión para quienes recluten menores de edad en el marco del conflicto armado y otras formas de utilización criminal, con penas que podrían alcanzar hasta los 50 años de cárcel, el máximo permitido por la legislación colombiana (Senado de la República, 2025; La Silla Vacía, 2024). Estas iniciativas buscan castigar con mayor severidad a quienes recluten, utilicen u obliguen a menores de 18 años a participar directa o indirectamente en hostilidades o acciones armadas.
En el ámbito comunitario, se recomienda implementar programas educativos y sociales que identifiquen y atiendan factores de riesgo, así como mejorar la infraestructura educativa y el acceso a oportunidades en zonas vulnerables (Defensoría del Pueblo, 2024; Humanidad Vigente, 2023). La creación y el fortalecimiento de unidades policiales especializadas en la desarticulación de redes de reclutamiento de menores, así como la cooperación internacional, son estrategias clave.
La reinserción social debe incluir atención psicosocial integral, educación y formación laboral para menores desvinculados de grupos criminales. Además, es fundamental garantizar la seguridad de quienes denuncien el reclutamiento y promover campañas de concientización y participación ciudadana (Defensoría del Pueblo, 2024).
Penas más Severas para Menores y Reclutadores
Actualmente, los menores entre 14 y 18 años que cometen delitos graves como el atentado contra la vida pueden ser sancionados con privación de la libertad en centros especializados por hasta 8 años (Tribunal Superior de Medellín, 2023). Sin embargo, en comparación con la gravedad de los delitos y el impacto social que generan, muchos consideran que estas penas son insuficientes, especialmente en casos de instrumentalización por parte de organizaciones criminales.
Los proyectos de ley en curso buscan establecer penas de hasta 50 años de prisión para quienes recluten, utilicen o instrumentalicen a menores de edad en la comisión de delitos (Senado de la República, 2025; La Silla Vacía, 2024). Estas iniciativas buscan enviar un mensaje claro de intolerancia frente a la explotación de menores y desincentivar la participación de adultos en la captación y manipulación de niños, niñas y adolescentes para fines criminales.
Retórica Política y Deterioro de la Paz
El clima de polarización política en Colombia, marcado por la confrontación entre sectores de izquierda y derecha, ha sido objeto de análisis por parte de organizaciones de derechos humanos y centros de pensamiento (Fundación Ideas para la Paz, 2024; Humanidad Vigente, 2023). La violencia política y la estigmatización de líderes han sido documentadas como factores que incrementan el riesgo de atentados y amenazas, afectando la estabilidad democrática y la seguridad de los actores políticos (Fundación Ideas para la Paz, 2024).
Ejemplos y Buenas Prácticas
En el departamento del Meta, proyectos como “Transformando vidas para un futuro mejor” han logrado identificar y atender a menores en riesgo, promoviendo su participación en actividades educativas y recreativas (ICBF, 2023). La Cruzada Nacional contra el Reclutamiento Ilícito ha rescatado a decenas de menores en 2024, desarticulando redes criminales (Policía Nacional, 2024). A nivel internacional, países como México, Guatemala y Ecuador han implementado reformas legales y programas de prevención que pueden servir de referencia para Colombia (Defensoría del Pueblo, 2024).
Implicaciones Políticas y Recomendaciones
El atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay evidencia la necesidad de revisar y fortalecer los esquemas de seguridad para candidatos y funcionarios públicos, especialmente durante eventos de campaña (Semana, 2025). Es fundamental profundizar en la investigación sobre la instrumentalización de menores y mejorar la coordinación entre la Policía Nacional, la UNP y otras entidades de seguridad. Promover la cultura de la denuncia y la colaboración ciudadana, así como blindar el proceso electoral en contextos de alta polarización política, son medidas indispensables para proteger la democracia y la integridad de los líderes políticos (Defensoría del Pueblo, 2024).
Además, es necesario que los actores políticos y los medios de comunicación eviten discursos que inciten a la violencia o la estigmatización de líderes de oposición, promoviendo un clima de respeto y tolerancia que contribuya a la consolidación de la paz y la convivencia democrática (Fundación Ideas para la Paz, 2024).
Reflexión sobre la Responsabilidad de Menores y el Rol de los Padres
No se puede seguir tratando a estos criminales con guantes de seda; a esa edad, un ser humano ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y la pregunta del millón: ¿dónde están los padres? Esta reflexión invita a reconsiderar la responsabilidad penal de los adolescentes y el rol fundamental de las familias en la prevención de la delincuencia juvenil, especialmente en casos tan graves como el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay.
Conclusiones
El atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, perpetrado por un menor de edad el 7 de junio de 2025 en Bogotá, pone en evidencia la persistencia de la violencia política en Colombia y la vulnerabilidad de los líderes sociales frente a la instrumentalización de adolescentes por parte de organizaciones criminales (Defensoría del Pueblo, 2024; El Tiempo, 2025). El incidente también revela fallas críticas en los esquemas de seguridad y la necesidad de reformas legales y sociales para prevenir el reclutamiento de menores y proteger la integridad de los actores políticos.
La polarización política, marcada por la retórica de confrontación, exacerba los riesgos y dificulta la consolidación de la paz y la convivencia democrática (Fundación Ideas para la Paz, 2024). La respuesta oportuna de las autoridades y la colaboración ciudadana son fundamentales para entender lo sucedido y evitar que se repitan atentados de este tipo. Es indispensable fortalecer los sistemas de protección, promover la reinserción social de los menores y fomentar una cultura de respeto y tolerancia entre todos los sectores de la sociedad.
Las bandas que utilizan a adolescentes para cometer actos criminales representan una amenaza real que justifica una intervención integral, más allá de la denuncia. El endurecimiento de las penas para menores y reclutadores, junto con la promoción de la unidad y el respeto por las instituciones, son elementos clave para proteger el futuro de la infancia y la adolescencia en Colombia (Senado de la República, 2025; Tribunal Superior de Medellín, 2023).
Referencias
Defensoría del Pueblo. (2024). Informe sobre reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos armados y organizaciones criminales en Colombia. https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/InformeReclutamiento2024.pdf
El Espectador. (2025, 8 de junio). Atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay en Bogotá. https://www.elespectador.com/politica/atentado-contra-el-senador-miguel-uribe-turbay-en-bogota/
El Tiempo. (2025, 8 de junio). Atentado contra Miguel Uribe Turbay: investigan fallas en el esquema de seguridad. https://www.eltiempo.com/justicia/atentado-contra-miguel-uribe-turbay-investigan-fallas-en-el-esquema-de-seguridad
Fundación Ideas para la Paz. (2024). Violencia política y polarización en Colombia: tendencias y recomendaciones. https://www.ideaspaz.org/publicaciones/articulos/violencia-politica-y-polarizacion-en-colombia
Humanidad Vigente. (2023). Justicia penal juvenil en Colombia: retos y perspectivas. https://www.humanidadvigente.net/justicia-penal-juvenil-colombia/
ICBF. (2023). Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA): Guía de procesos y sanciones. https://www.icbf.gov.co/sistema-de-responsabilidad-penal-para-adolescentes
La Silla Vacía. (2024, 21 de agosto). Congresistas radican proyecto para endurecer penas por reclutar menores. https://www.lasillavacia.com/en-vivo/congresistas-radican-proyecto-para-endurecer-penas-por-reclutar-menores/
Ley 1098 de 2006. Código de la Infancia y la Adolescencia. https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22106
Policía Nacional. (2024). Cruzada Nacional contra el Reclutamiento Ilícito de Niños, Niñas y Adolescentes. https://www.policia.gov.co/cruzada-nacional-contra-reclutamiento-ilicitos-de-ninos-ninas-y-adolescentes
Semana. (2025, 8 de junio). Atentado contra Miguel Uribe Turbay: ¿qué falló en la seguridad del senador? https://www.semana.com/nacion/articulo/atentado-contra-miguel-uribe-turbay-que-fallo-en-la-seguridad-del-senador/2025/
Senado de la República. (2025, 23 de mayo). Senado endurece penas por reclutamiento de menores en el conflicto armado. https://prime.tirant.com/co/actualidad-prime/senado-endurece-penas-por-reclutamiento-de-menores-en-el-conflicto-armado/
Tribunal Superior de Medellín. (2023). TEMA: Menor infractor – entre las sanciones aplicables a los adolescentes a quienes se les haya declarado su responsabilidad penal están la internación en centro de atención especializado. https://tribunalmedellin.com/images/decisiones/penal/2023/05001600125020220015100.pd
